El Gobierno dominicano toma la medida como represalia contra el país vecino por el desvío del río Masacre, frontera entre los dos Estados
El Gobierno dominicano ha anunciado este lunes que suspende la emisión de nuevos visados a los habitantes de Haití y ha amenazado con el cierre total de la frontera si antes del jueves no se detiene la construcción de un canal en el lado haitiano que está desviando las aguas del río Masacre, límite natural entre los dos Estados. Tras un Consejo de Seguridad Nacional en el que se encontraba el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, también se ha comunicado que se mantendrá el cierre de la frontera que se realizó el pasado martes en la provincia de Dajabón, al noroeste del país.
El portavoz de la Presidencia dominicana, Homero Figueroa, ha anunciado que su Gobierno desconoce a los involucrados en el desvío del caudal del Masacre, mientras que el Ejecutivo haitiano explica que se trata de una iniciativa privada. Para República Dominicana esta acción viola varios acuerdos firmados por ambos países: el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936. El comunicado de Figueroa concluyó con la afirmación de que la respuesta de su Ejecutivo “será firme en la defensa de la soberanía nacional y en la garantía de la seguridad nacional".
El cierre total de la frontera podría afectar a miles de haitianos que a diario cruzan a territorio dominicano para trabajar. Abidaner ya ha iniciado la construcción de un muro de cuatro metros de altura para dividir los límites de ambos Estados y frenar la migración desde el país vecino, a la vez que ha acelerado la deportación de más de 170.000 refugiados haitianos, según datos oficiales. Esta política migratoria ha provocado críticas por parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Haití es un país en el que la ausencia de Gobierno es casi total y que es controlado por bandas criminales desde los devastadores terremotos de 2010 y 2021, que dejaron casi 320.000 muertos y más de dos millones de damnificados. La situación se agravó tras el asesinato del líder del país, Jovenel Moïse, en julio de 2021, a quien sustituyó Ariel Henry, actual primer ministro.
