La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con dispensa de trámite una serie de reformas a la Ley Bitcoin que daba a la criptomoneda carácter de curso legal y obligatoriedad en su aceptación para pagos y se modificó para que sea de aceptación voluntaria y que solamente los privados puedan realizar operaciones de bitcoin.
La reforma obedece a las exigencias del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado en diciembre pasado para poder acceder a un programa de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por unos US$1.400 millones para atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del gobierno.
Según la solicitud de aprobación de las reformas, estas pretenden, “asegurar su mejor aplicabilidad de cara a las necesidades de la población, garantizando su eficacia y permanencia como curso legal y facilitando la práctica en su implementación”.
La nueva redacción del artículo 1 dicta que las transacciones con bitcóin deberán ser “con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente”. Antes de estos cambios se incluían a las instituciones públicas.
La enmienda sustituye el artículo 7 que originalmente establecía que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido”, para indicar que las empresas podrán aceptar o no la criptomoneda.
En detalles, las reformas hechas a la ley incluyen la derogación del Art. 4. que decía que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en bitcoin; el Art. 8. que rezaba que sin perjuicio del accionar del sector privado, el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar en caso que lo desee. El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en bitcoin.
También fue derogado el art. 9. que indicaba que las limitaciones y funcionamiento de las alternativas de conversión automática e instantánea de bitcoin a dólar provistas por el Estado serán especificadas en el reglamento que al efecto se emita.
CONDICIONES DEL FMI
El acuerdo alcanzado en diciembre pasado, a nivel técnico, entre las autoridades salvadoreñas y un equipo técnico del FMI indica que los riesgos potenciales del proyecto bitcoin disminuirán significativamente porque se hará reformas legales para que la aceptación de la criptomoneda por parte del sector privado “sea voluntaria”.
Según se había indicado previamente, para el sector público salvadoreño, la participación en actividades económicas relacionadas con bitcoin y las transacciones y compras de bitcoin “estarán delimitadas”.
“Los impuestos podrán ser pagados sólo en dólares y la participación del gobierno en la billetera cripto (Chivo) se irá reduciendo gradualmente. Para salvaguardar la estabilidad e integridad financiera, y la protección de los consumidores e inversionistas, se mejorará la transparencia, la regulación y la supervisión de la industria de activos digitales”, dio a conocer el FMI.
El acuerdo con el FMI, que se venía negociando entre el Gobierno salvadoreño y las autoridades del Fondo desde hacía años, estuvo entrampado por la implementación del bitcoin como moneda de curso legal desde septiembre de 2021.
Según la promesa del presidente Nayib Bukele, la adopción de la criptomoneda dinamizaría la economía, apoyaría la inclusión financiera, abarataría el envío de remesas familiares e incentivaría el turismo.
Sin embargo, actualmente son muy pocos los salvadoreños que utilizan la criptomoneda cotidianamente. La Primera Encuesta Rumbo País 2024 ‘La gente tiene fe?’, del Centro de Estudios Ciudadanos, de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), indicó que el 92 % negó utilizar el criptoactivo, mientras que el 7,5 % respondió que sí.
Por otra parte, las remesas familiares recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador tuvieron una caída del 5,6 % en los primeros siete meses de 2024, respecto al mismo lapso de 2023, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) y entre enero y julio de 2024 llegaron apenas a US$49,67 millones.
La adopción del bitcoin como moneda de curso legal por la administración de Bukele incluyó el monedero virtual Chivo Wallet con un bono de bienvenida en bitcoin equivalente a US$30, pero su inicio fue accidentando, ya que se cayó el sistema y se comenzó a habilitar de manera gradual para los modelos de teléfonos inteligentes. También hubo suplantación de identidad y operaciones inconclusas.
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