CNDH inicia investigación por tortura en protesta de Guadalajara; espera expediente estatal
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició diligencias para investigar probables violaciones a derechos humanos ocurridas durante y después de la manifestación por el derecho al agua potable del pasado 11 de octubre en Guadalajara (Jalisco), tras ejercer su facultad de atracción del caso.

En un comunicado de este jueves 15 de octubre, el organismo informó que contactó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y espera recibir formalmente el expediente que esta integró. La comisión local confirmó la recepción del oficio de atracción y expresó su disposición a entregar la documentación.
Como parte de las primeras actuaciones, personal de la CNDH se reunió con representantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. El encuentro tuvo como propósito comunicar formalmente la atracción y obtener información sobre la situación jurídica de las 39 personas que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.
Testimonios y posibles actos de tortura
Personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos y de la Oficina Regional de Jalisco estableció contacto directo con las víctimas para recabar testimonios, facilitar la presentación de quejas y practicar certificaciones médico-legales que permitan acreditar posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También se recibieron denuncias sobre posibles irregularidades en el acceso a una defensa jurídica adecuada. Estos señalamientos serán analizados y verificados durante la investigación para determinar la posible existencia de violaciones graves a los derechos humanos.
La CNDH señaló que dará prioridad a los testimonios y entrevistas directas con las personas agraviadas, así como a la revisión de las carpetas de investigación relacionadas con los hechos. Además, dará seguimiento a la entrega del expediente estatal y solicitará información a las autoridades señaladas por las víctimas.
El organismo se comprometió a realizar una “investigación exhaustiva, objetiva e imparcial” y a mantener abiertos los canales de comunicación con las víctimas y organizaciones de la sociedad. Reafirmó su compromiso con la protección de la protesta pacífica y con el esclarecimiento de los hechos para contribuir, en su caso, a determinar las responsabilidades dentro de su competencia.
Con información de López-Dóriga Digital














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