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2023, año clave para las reformas al Poder Judicial en Puebla

Entre las aprobaciones relevantes que este año se dieron en el Congreso del estado están las reformas al Poder Judicial, sin embargo, será el 2023 el año clave para hacerlas cumplir.


Lo anterior según lo expuesto en artículos transitorios que se considerarán en el texto que reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y con algunos pasos que ya dieron los diputados.


Las reformas se aprobaron en el Congreso el 21 de octubre de 2022, se publicaron el 24 del mismo mes en el Periódico Oficial del Estado Puebla y están vigentes a partir del día 25 de octubre.


Una previsión es que se debía nombrar a los magistrados de la Sala Constitucional en los siguientes 30 días tras la publicación y esto ya se concretó.


Por otro lado, se estableció un plazo de 120 días para expedir la Ley de Carrera Judicial del Estado, la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia del Estado y la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución del Estado.


Las anteriores leyes deberán quedar listas en los últimos días de febrero del 2023 y de acuerdo con lo expuesto hace unas semanas por el ahora gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, cuando aún era presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ya hay avances.


También se prevé que en los siguientes 180 días, que se cumplen en abril del 2023, el Congreso convoque a una consulta a las comunidades y pueblos indígenas para el desarrollo y elaboración de una ley secundaria sobre el sistema de justicia indígena.


Los diputados también tienen previsto el análisis y la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que son además las últimas dos propuestas que envió el exgobernador Miguel Barbosa Huerta al Poder Legislativo antes de su fallecimiento.


Por otro lado, al Consejo de la Judicatura se le impuso un plazo de hasta 120 días para instrumentar la aplicación de la declaración de intereses en todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial.

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